Hay asuntos urbanísticos que desaparecen de la actualidad durante años y que, de repente, vuelven a aparecer. El de las cuotas de urbanización del sector E-7, donde se encuentra el centro comercial L’Aljub, es uno de ellos.
Y no estamos hablando de un expediente nuevo.
Estamos hablando de unas obras de urbanización que se ejecutaron hace más de dos décadas y de unas cuotas que quedaron pendientes de cobro. El paso del tiempo, los cambios de propietarios y una larga sucesión de procedimientos judiciales y administrativos han terminado convirtiendo este asunto en un auténtico laberinto.
Ahora vuelve a la actualidad porque la Junta de Gobierno Local ha inadmitido dos recursos de reposición presentados por propietarios del sector contra las reclamaciones municipales de esas antiguas cuotas.
La razón es concreta: los recursos se presentaron fuera del plazo legal establecido.
Y con esta decisión, el Ayuntamiento agota la vía administrativa para esos dos recursos concretos.
Una deuda que viene de mucho antes
Para entender qué está ocurriendo ahora hay que retroceder bastante.
El origen se encuentra en el desarrollo urbanístico del sector E-7, en el entorno donde posteriormente se levantaría L’Aljub. El Ayuntamiento aprobó en 1997 el Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación del sector.
Sin embargo, el desarrollo urbanístico terminó entrando en un largo recorrido judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró la nulidad del acuerdo municipal en 2003 y posteriormente el Tribunal Supremo confirmó esa decisión en 2008. A pesar de todo ello, las obras de urbanización se habían ejecutado y quedaron cantidades pendientes relacionadas con su coste.
Con el paso de los años, la empresa urbanizadora reclamó el pago de unas cantidades que no habían sido abonadas.
El asunto terminó llegando de nuevo a los tribunales y una sentencia de 2023, que adquirió firmeza en 2024, terminó obligando al Ayuntamiento de Elche a hacer frente al pago de 664.072,47 euros a la empresa urbanizadora.
Y aquí es donde el asunto vuelve a complicarse.
El Ayuntamiento pagó esa cantidad, pero posteriormente inició el procedimiento para reclamar a los propietarios de los terrenos las cantidades que, según el expediente, correspondían a cada uno de ellos.
El Ayuntamiento reclama ahora a los propietarios
La administración municipal aprobó en junio las cuotas de urbanización del Sector E-7 en ejecución de la sentencia y comenzó a reclamar esas cantidades a los propietarios de las fincas afectadas.
Según la información disponible sobre el expediente, las reclamaciones afectan a 21 propietarios, con cantidades muy diferentes en función de la participación de cada finca en el sector.
Hay casos de alrededor de 1.000 euros y otros que se acercan a los 180.000 euros. No es, por tanto, una única factura repartida a partes iguales. Cada propietario debe responder por la parte que le corresponde dentro del proceso de urbanización.
Y aquí aparece otra de las dificultades de un expediente que lleva tantos años abierto: algunas de las personas que eran titulares de las propiedades cuando se generaron las cuotas ya han fallecido y ahora aparecen sus herederos en el procedimiento. En otros casos, las fincas han cambiado de propietario.
También existen propietarios que sostienen haber pagado en su momento las cuotas que ahora se les reclaman, una cuestión que forma parte de las controversias existentes alrededor del expediente.
Dos recursos se quedan fuera por llegar tarde
La decisión adoptada ahora por la Junta de Gobierno afecta concretamente a dos recursos de reposición.
Los propietarios habían recurrido las decisiones municipales relacionadas con las reclamaciones, pero el Ayuntamiento ha considerado que ambos recursos fueron presentados fuera del plazo establecido y, por ese motivo, han sido inadmitidos.
Esto no significa que todo el conflicto haya terminado. De hecho, otros propietarios han optado por acudir a la vía judicial y algunos de esos procedimientos ya han sido admitidos a trámite por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Es decir, mientras para algunos afectados la vía administrativa llega a su final, para otros el asunto continúa ahora en los tribunales.
Un expediente que se arrastra desde hace más de veinte años
Quizá lo más llamativo de este caso sea precisamente el tiempo que ha pasado.
Las obras y las decisiones urbanísticas que están en el origen del conflicto pertenecen a otra época. Desde entonces han cambiado los propietarios, algunas empresas han desaparecido o se han integrado en otras sociedades y las cantidades pendientes han acabado recorriendo diferentes instancias judiciales.
La empresa que actuó inicialmente como urbanizadora fue Erosmer Ibérica, posteriormente absorbida por Cecosa Hipermercados, que asumió sus derechos y obligaciones.
Mientras tanto, la cuestión de quién debía pagar las cuotas quedó atrapada durante años en un complejo entramado administrativo y judicial.
Ahora el Ayuntamiento ha tenido que asumir el pago reconocido por sentencia y está intentando recuperar de los propietarios las cantidades que considera que les corresponden.
Además, existe otra cantidad que también forma parte del expediente: unos 36.000 euros que el Ayuntamiento pretende reclamar a la empresa urbanizadora al considerar que fueron cobrados de más, después de comprobar que uno de los propietarios ya había abonado parte de las cantidades reclamadas.
Un asunto que todavía no ha terminado
La decisión de la Junta de Gobierno del pasado jueves supone un nuevo capítulo, pero no necesariamente el último.
Para los dos propietarios cuyos recursos han sido inadmitidos por presentarse fuera de plazo, la vía administrativa queda cerrada en este punto.
Para otros afectados, en cambio, el conflicto continúa en los juzgados.
Y detrás de todo ello permanece una cuestión que resulta difícil de explicar en pocas palabras: cómo unas obras de urbanización realizadas hace más de veinte años han terminado generando ahora reclamaciones que, dependiendo de cada propietario, pueden alcanzar decenas o incluso cientos de miles de euros.
El caso del sector E-7 demuestra también hasta qué punto un expediente urbanístico puede sobrevivir durante décadas a quienes lo iniciaron.
Lo que comenzó como un proyecto de urbanización terminó en los tribunales, regresó al Ayuntamiento y ahora vuelve a afectar directamente a propietarios que, en algunos casos, ni siquiera eran quienes tenían las fincas cuando se generaron las obligaciones originales.
De momento, el Ayuntamiento mantiene su reclamación sobre las cuotas y ha cerrado la puerta administrativa a estos dos recursos por haber llegado fuera de plazo.
Otros afectados han elegido otro camino y serán los tribunales quienes tengan que pronunciarse.
Y así, más de veinte años después, el antiguo expediente urbanístico de L’Aljub continúa escribiendo nuevos capítulos.