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Elche · Contrato de autobuses

Trabajadores y asociaciones participarán en la preparación del contrato de autobuses de Elche

El pleno respaldó por unanimidad una comisión para elaborar el pliego de una contrata de más de 400 millones y diez años, mientras Movilidad recoge encuestas a usuarios en paradas y barrios.

Foto: vía Vivir en Elche

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Claves

  • El pleno aprobó por unanimidad una comisión de grupos, trabajadores y entidades para preparar el pliego de autobuses.
  • El contrato supera los 400 millones de euros y durará diez años; la adjudicación se prevé hacia finales de 2027.
  • Movilidad realiza encuestas en paradas, con códigos QR y a través de asociaciones y distritos.
  • Se estudian refuerzos en las líneas K y M, autobuses articulados y servicios nocturnos, aún sin aprobar.

El pleno del Ayuntamiento de Elche aprobó por unanimidad el lunes 26 de octubre una moción del PSOE para constituir una comisión con representantes de los grupos municipales, los trabajadores del servicio y las entidades sociales que participará en la elaboración del pliego del nuevo contrato de autobuses urbanos y de pedanías. La contrata, cuyo valor se estimó durante el debate en más de 400 millones de euros, tendrá una duración prevista de diez años.

La iniciativa salió adelante con el apoyo de PP y Vox, además de los votos de los grupos de la oposición. El contrato determinará los recorridos, las frecuencias y la cobertura de barrios y pedanías, así como las conexiones con centros educativos, zonas de empleo y servicios del municipio durante la próxima década.

La moción plantea que la preparación del pliego recoja las necesidades de los usuarios y de la plantilla, además de las propuestas políticas, y menciona entre sus objetivos las cuestiones laborales, la accesibilidad y el avance hacia una movilidad más sostenible. El acuerdo no concreta todavía cómo funcionará la comisión ni cuándo empezará a trabajar, ni de qué forma se trasladarán sus aportaciones a las condiciones de la concesión.

El respaldo unánime no evitó el enfrentamiento entre el gobierno local y la oposición. Los representantes socialistas y la portavoz de Compromís, Esther Díez, reprocharon al ejecutivo municipal la falta de diálogo en materia de transporte, los retrasos y la ausencia de participación ciudadana en la planificación del servicio.

De forma paralela, la Concejalía de Movilidad ha puesto en marcha una campaña de encuestas para conocer los hábitos de desplazamiento de los vecinos y detectar mejoras en recorridos, frecuencias, horarios y cobertura. Los encuestadores recogen respuestas en paradas y otros puntos de la ciudad, y el Ayuntamiento ha habilitado códigos QR y canales a través de asociaciones, colectivos vecinales y distritos.

«El nuevo pliego del autobús tiene que ser ambicioso, transformador y tiene que seguir vertebrando nuestro municipio», afirmó el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, al presentar la consulta, en la que pidió la participación de todos los ilicitanos.

Guilabert ha explicado que se estudia reforzar las líneas K y M, incorporar autobuses articulados, mejorar conexiones con las pedanías y el Parque Empresarial y ofrecer servicios nocturnos en zonas de expansión urbana. El Ayuntamiento ya había iniciado pruebas con autobuses eléctricos articulados en las líneas de mayor demanda y, en julio, otras para estudiar la llegada del autobús urbano a las pedanías del norte, una ampliación vinculada a la nueva contrata. Se trata de medidas en estudio, no de cambios aprobados: su inclusión dependerá del proyecto y del pliego.

El calendario municipal sitúa la adjudicación hacia finales de 2027, una vez completados los estudios técnicos y los trámites, por lo que el nuevo servicio no comenzará a funcionar en el actual mandato.

En la misma sesión, el pleno aprobó también por unanimidad una moción de Compromís para reforzar el control sobre las VTC y los servicios de transporte sin autorización en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Díez pidió más presencia de la Policía Local y que el Ayuntamiento solicite competencias sancionadoras; Guilabert defendió los controles policiales existentes, pidió implicación de otras administraciones y anunció la revisión de la ordenanza del taxi.

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