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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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El doctor Follana se desvincula del cierre de Oralis en Elche: "He luchado por evitarlo hasta el último minuto"
El odontólogo aclara que trabajaba como asalariado tras vender los centros en 2018 y asegura que reclamó que se acabasen los tratamientos en marcha.
El odontólogo aclara que trabajaba como asalariado tras vender los centros en 2018 y asegura que reclamó que se acabasen los tratamientos en marcha Foto: vía Información
Días después del cierre de Oralis en Elche que ha desatado la tensión entre cientos de pacientes que se quedaron a medias con sus tratamientos, el doctor Mariano Follana, que ha sido la imagen de la clínica durante décadas, ha salido al paso para aclarar que no tiene responsabilidad en el cierre de las clínicas de Elche y Almoradí, y que carece de capacidad para decidir sobre su gestión desde que las vendió en 2018. Entonces transmitió sus participaciones y los centros al Grupo Vivanta, por lo que su relación hasta ahora era la de un trabajador por cuenta ajena, contratado a tiempo parcial en cada centro.
El odontólogo difundió este jueves un comunicado expresando su solidaridad con los pacientes que se han quedado con tratamientos pendientes y con sus compañeros de trabajo, y atribuye la decisión de suspender la actividad a la administración concursal de las empresas titulares de los centros.
"He luchado por evitarlo hasta el último minuto", sostiene. Su pronunciamiento llega un día después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) instara a los afectados a reclamar cuanto antes por los servicios no prestados y a solicitar la cancelación de los créditos vinculados a esos tratamientos.
Follana explica que ha decidido aclarar públicamente su situación ante ciertas informaciones difundidas que le presentan como propietario de las clínicas y le atribuyen su cierre sin previo aviso. El profesional manifiesta que entiende la angustia y el enfado de los pacientes y sus familias, y reclama una solución para que puedan continuar su atención.
Venta
El odontólogo identifica a Palmer Smile SLU como titular de la clínica de Elche y a Vega Smile SL como propietaria de la de Almoradí. Ambas sociedades, señala, están integradas en el grupo Aestes, al que pertenecen las redes Vivanta y Oralis. Follana asegura que no es propietario, socio, administrador, consejero ni apoderado de ninguna de las dos empresas. Incluso añade que las decisiones económicas, administrativas y de gestión correspondían a sus responsables, sin que él tuviera poderes para intervenir. "Mi continuidad como profesional sanitario no me convierte en modo alguno en titular de los centros, ni me atribuye facultades para decidir su cierre", subraya en el escrito.
Concurso de acreedores
Según detalla, sendas resoluciones judiciales del 9 de septiembre de 2026 declararon el concurso de acreedores de las dos sociedades y abrieron su liquidación. El órgano mercantil de Madrid que tramita los procedimientos designó como administradora concursal a FTI & Partners Corporate Recovery Spain.
El doctor Mariano Follana en una imagen promocional. / INFORMACIÓN
Desde ese momento, explica, las facultades de administración y disposición del patrimonio quedaron en manos de la administración concursal, bajo control judicial. El doctor sostiene que fue esta la que decidió cerrar las clínicas y reitera que no participó en esa decisión.
El odontólogo afirma incluso que trasladó en varias ocasiones su preocupación a la administración concursal para que se adoptaran medidas que permitieran terminar los tratamientos en marcha, aunque lamenta que esas gestiones no han evitado la comunicación del cierre temporal.
También reivindica la dedicación y profesionalidad de sus compañeros y advierte del perjuicio que la situación causa al equipo, incluso lamentando que él también forma parte de los damnificados y que la situación le genera un daño reputacional: "Nosotros somos también damnificados y nos causa un daño reputacional difícil de revertir", sostiene.
Información clara
Follana insiste en que la prioridad es que los pacientes reciban información clara de sus tratamientos y sus historiales clínicos, y que se encuentre una salida para garantizar la continuidad asistencial. Agradece el apoyo y la confianza depositados en él y en su equipo durante casi cuarenta años.
Su explicación se produce mientras los afectados buscan vías para reclamar. La OCU recomendó este miércoles conservar contratos, facturas y presupuestos, reclamar por escrito a la empresa y solicitar una copia del historial clínico, además de acudir a Consumo por los perjuicios sufridos.
Para quienes tengan un crédito vinculado al tratamiento, la organización aconseja solicitar por escrito a la financiera su liquidación y cancelación por la falta de prestación del servicio. También reclama más controles sobre las clínicas y una reforma de los concursos de acreedores que mejore la protección de los consumidores.
Oferta
El comunicado dedica buena parte de su contenido a explicar una operación de compra que, según el odontólogo, habría permitido dar continuidad a la atención de los pacientes, incluidos los de Elche y Almoradí. Expone que, antes de la declaración de los concursos, se abrió un proceso para buscar compradores para las más de 100 clínicas del grupo Aestes.
Este mecanismo consistía en preparar una posible venta antes de entrar en concurso para ejecutarla después con autorización judicial. Todo con tal de tratar de preservar la actividad y los empleos, siempre según el testimonio del profesional.
Pacientes a las puertas de la clínica este martes. / Áxel Álvarez
Según la información que el odontólogo asegura haber conocido tras la declaración de los concursos, Orion Bidco, una sociedad del mismo ámbito de control inversor que Donte Group, que opera marcas como Vitaldent, presentó el 3 de agosto una oferta vinculante por 61 clínicas.
La propuesta contemplaba asumir 656 relaciones laborales y mantener la actividad durante al menos dos años. Expone que las clínicas de Elche y Almoradí estaban excluidas de la compra, pero sus pacientes sí figuraban entre los potenciales beneficiarios del compromiso de finalizar los tratamientos pendientes.
Follana explica que la oferta incluía completar tratamientos de más de 30.000 pacientes, un compromiso valorado por el comprador en unos 36,9 millones de euros. Esa atención se extendería también a usuarios de centros que no iba a adquirir, mediante la finalización gratuita de sus tratamientos en la red de Donte, siempre que cumplieran los requisitos establecidos en la propuesta.
Obstáculo
De acuerdo con el relato del odontólogo, la operación quedó condicionada por una discrepancia sobre quién debía responder de una financiación pública de 40 millones de euros concedida al grupo a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El comprador exigía quedar liberado de las deudas anteriores que no asumiera expresamente, incluida esa ayuda. Sin embargo, según recoge el comunicado, la Abogacía del Estado se opuso a la venta en esas condiciones al entender que el adquirente debía responder también de su devolución y que eximirlo podía constituir una nueva ayuda de Estado que requiriera autorización europea.
Follana señala que el juez ha solicitado un pronunciamiento de la Comisión Europea para aclarar esa cuestión. Mientras tanto, asegura, la operación no pudo culminarse en los plazos previstos. Orion Bidco comunicó el 22 de octubre que su oferta había decaído el día anterior, después de tres prórrogas, sin haber obtenido la autorización judicial necesaria.
El profesional vincula a este bloqueo el fracaso, hasta el momento, de una operación que contemplaba continuar los tratamientos de los pacientes de ambas localidades.