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El TSJ rebaja de seis años y medio a dos la condena al exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza por el caso de la clínica de Gran Alacant
La sentencia elimina el cohecho para los cuatro principales acusados, aunque mantiene los delitos de prevaricación administrativa y fraude, y absuelve a la hermana del exregidor.
Foto: vía Información
J. R. Esquinas, Mercedes Gallego · InformaciónPublicado 6 nov, 19:05Ver en informacion.es
Un año y medio después de la condena a seis años de cárcel para el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza (PP), por las irregularidades en la concesión de la clínica de Gran Alacant, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado un giro al caso y reduce la pena a dos años de prisión. El alto tribunal revoca la pena por cohecho, que suponía cuatro años y medio de cárcel, al considerar que las contrataciones a dedo de personas próximas a los responsables municipales no constituyen un soborno, aunque mantiene acreditados los delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
La resolución, dictada este pasado 3 de noviembre tras estimarse los recursos de apelación de la defensa, dirigida por Víctor M. Soriano i Piqueras, modifica sustancialmente la sentencia que la Sección XI de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, emitió en mayo de 2025. La rebaja de las penas también beneficia al exconcejal de Personal Jorge Perelló y a los dos responsables de la clínica, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal, que igualmente pasan de seis años y medio a dos años de prisión.
La sentencia también absuelve completamente a Pilar Zaragoza Fernández, hermana del exalcalde y pareja del exconcejal, que había sido condenada a dos años y tres meses de prisión como cómplice de cohecho. Su contratación en la clínica en 2012 fue uno de los principales elementos del procedimiento, ya que, según los hechos probados, desde el verano de 2013 dejó de acudir injustificadamente a su puesto de trabajo, aunque continuó cobrando su salario hasta que finalizó su relación laboral en junio de 2015.
Consentimiento
La situación fue consentida por los responsables municipales, hasta el punto de que el Ayuntamiento utilizó personal propio para cubrir las funciones que habían quedado desatendidas por la hermana del que era el máximo responsable municipal en la época.
El TSJ no cuestiona estos hechos, pero considera que el absentismo se produjo después de la contratación y quedó desvinculado del acuerdo inicial de concesión. Los magistrados entienden que la empresa cumplió su parte del acuerdo al contratarla y pagarle el salario, mientras que su posterior ausencia fue tolerada por los responsables políticos, que asumieron la necesidad de sustituirla.
Sin penalización
La sentencia, además, revoca la condena a la clínica por este mismo delito y deja sin efecto la indemnización de 109.371,96 euros que debían abonar los condenados solidariamente al Ayuntamiento por el canon pendiente, obras y gastos de sustitución de personal municipal.
El Consistorio reclamó estas cantidades, pero la liquidación fue impugnada y resoluciones judiciales de 2018 y 2021 rechazaron la reclamación municipal al apreciar que habían prescrito como consecuencia de la falta de actuaciones del propio Ayuntamiento para exigir su pago. El TSJ considera ahora que no se puede imponer una indemnización sustentada en aquella liquidación municipal cuando los tribunales competentes ya habían declarado improcedente su reclamación.
Recurso
No obstante, el fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, mantiene el reproche penal por la gestión irregular de la concesión y ratifica los hechos probados de la sentencia original. El cambio más importante de la resolución se encuentra en la valoración del supuesto intercambio de favores entre los antiguos dirigentes municipales y los responsables de la clínica. La Audiencia Provincial había considerado que existía un acuerdo por el que la Administración local permitía a la empresa utilizar instalaciones municipales sin cumplir obligaciones económicas y contractuales a cambio de contratar a personas elegidas por políticos.
Los beneficiarios fueron trabajadores vinculados al Partido Popular y la propia hermana del exalcalde. Este sistema permitía cubrir un puesto de auxiliar administrativo en el consultorio de la Seguridad Social sin someter la elección de los candidatos a los procedimientos de selección que habría tenido que aplicar directamente el Ayuntamiento. El TSJ considera que los hechos no pueden encuadrarse en el delito de cohecho porque no se acredita la existencia de una dádiva o pago que constituya la contraprestación exigida por ese delito.
Una imagen del primer día del juicio en la sección XI de la Audiencia. / Áxel Álvarez
Actuación "arbitraria e injusta"
Los magistrados reconocen que se produjo una actuación "manifiestamente arbitraria e injusta" para conseguir la contratación de personas afines, pero subrayan que ello no significa que se realizara a cambio de un pago. En su interpretación, el objetivo era sortear los mecanismos de control que habrían impedido designar libremente a los trabajadores.
El tribunal también explica que el beneficio obtenido por la empresa al utilizar las instalaciones municipales sin asumir sus obligaciones no constituye una ventaja que exige el cohecho, puesto que se favorecía a la concesionaria y no era una retribución recibida por el cargo público. Por ello, considera que las irregularidades deben castigarse como prevaricación y fraude, pero no adicionalmente como soborno.
Acuerdo a tres bandas
La desaparición del cohecho no implica que el TSJ cuestione el funcionamiento irregular de la concesión. Al contrario, mantiene que existió un acuerdo entre Miguel Zaragoza, Jorge Perelló y los dos responsables de la clínica para favorecer a la empresa y evitar que tuviera que cumplir determinadas condiciones.
Los antecedentes se remontan a un consultorio privado que funcionaba desde 1989 en un edificio de propiedad municipal de la avenida de Escandinavia, en Gran Alacant. La actividad se desarrollaba sin pagar alquiler ni los suministros de agua y electricidad.
Tras acceder a la Alcaldía en 2003, Miguel Zaragoza planteó regularizar el uso del inmueble mediante una concesión administrativa. El procedimiento comenzó en abril de 2005 y a él concurrió únicamente Clínica Gran Alacant SL, una sociedad constituida el mes anterior por los responsables del centro para optar a la adjudicación. En la práctica se definió como un centro médico privado de medicina general y urgencias que funcionaba en dependencias municipales y compartía edificio con un consultorio público de la Seguridad Social
El contrato se firmó el 13 de marzo de 2006 por una década y contemplaba el pago de un canon anual de 10.920 euros, además de diversas prestaciones médicas y obras de mejora. De igual forma, el importe del canon podía compensarse parcialmente mediante un servicio de seguimiento de las bajas por incapacidad temporal de determinados trabajadores municipales, pero para ello era necesario justificar los servicios realizados y efectuar las liquidaciones. Sin embargo, ni se ingresó el canon del primer año ni tampoco se realizaron las liquidaciones correspondientes.
Entre septiembre de 2008 y marzo de 2009 se enviaron tres requerimientos a la empresa para que acreditara el seguimiento de las bajas laborales, sin obtener una justificación suficiente. La sentencia recoge incluso que Zaragoza y Perelló llegaron a reunirse con los médicos para instarles a presentar más documentación que permitiera cubrir el importe del canon.
El juicio de la clínica Gran Alacant, cuando se celebró. / Áxel Álvarez
"Sobres abandonados"
En agosto de 2011, trabajadores municipales encontraron en las instalaciones sobres abandonados que contenían documentación sobre las bajas laborales que debía controlar la clínica. Para entonces, la empresa había reducido considerablemente su actividad sin comunicarlo al Ayuntamiento y, en lugar de exigirle sus obligaciones pendientes, los responsables municipales acordaron nuevas condiciones que beneficiaron a la concesionaria como una rebaja del canon.
Además, se sustituyó el servicio de seguimiento de las bajas laborales por reconocimientos médicos. El cambio se efectuó verbalmente y sin tramitar el procedimiento administrativo. Tampoco se comprobó después que los reconocimientos médicos se hubieran realizado ni que su importe permitiera compensar las cantidades que debía abonar la empresa.
La clínica incumplió igualmente otras obligaciones, como la atención de urgencias y medicina general en los horarios previstos en el contrato. Además, el Ayuntamiento asumió unas obras de mejora de las instalaciones por 6.597,79 euros, cuyo pago no exigió posteriormente a la concesionaria.
Estas actuaciones son las que sustentan la condena por prevaricación y fraude. El TSJ considera que los responsables municipales adoptaron decisiones arbitrarias y actuaron de acuerdo con los empresarios para mantener unas condiciones ventajosas para la clínica. La absolución se suma a las que ya había acordado la Audiencia Provincial respecto a la exconcejal de Gran Alacant Loreto Cascales y los antiguos trabajadores Francisco Javier Martín Molina y Antonio Jesús Martínez García, al no acreditarse que conocieran el acuerdo irregular entre los políticos y la concesionaria.
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