La Policía Local de Elche clausuró este martes una campa de vehículos en Torrellano Alto, de 8.000 metros cuadrados y con capacidad para 1.000 coches. La actuación eleva a cuatro el número de instalaciones cerradas por el Ayuntamiento en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El consistorio enmarca el cierre en su dispositivo de inspección, control y regularización de estos aparcamientos, cuya situación administrativa está siendo revisada.
Además de las cuatro clausuras, el Ayuntamiento ha impedido la apertura de una quinta campa y mantiene en tramitación judicial el cierre de una sexta en El Altet. Información señala que esta última actividad está vinculada a una vivienda particular. Según el balance municipal, las instalaciones afectadas tienen capacidad para más de 5.000 vehículos. En las actuaciones recientes en Saladas y El Altet, el consistorio intervino en dos campas que sumaban alrededor de 500 coches y ocupaban unos 10.000 metros cuadrados.
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la proliferación de estas instalaciones y ha solicitado al Ayuntamiento una relación de las campas de aparcamiento no legalizadas cerca del aeropuerto. El requerimiento reclama la ubicación y referencia catastral de cada parcela, la titularidad del terreno y certificados sobre su clasificación urbanística. También pide información sobre las obras realizadas y sobre si tanto estas como la actividad de aparcamiento son autorizables, aunque pueda abrirse un expediente administrativo por infracción urbanística. El escrito llegó al consistorio el lunes.
La investigación se inició tras una denuncia presentada a mediados de septiembre por la Asociación de Vecinos Vial Aeropuerto de Elche, presidida por Juan José Mateo. El colectivo trasladó a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía la expansión de campas dedicadas al estacionamiento, depósito, custodia, alquiler y gestión de vehículos, sobre todo en El Altet y Torrellano. A finales de septiembre, esa unidad apreció indicios de posibles delitos contra la ordenación del territorio y de contaminación medioambiental. Se trata de indicios, no de una resolución judicial sobre la responsabilidad de los titulares.
El Ayuntamiento ha inspeccionado más de un centenar de campas desde abril, mientras que la Policía Local ha realizado más de 50 inspecciones. Desde el 4 de junio, el consistorio ha enviado 46 requerimientos de regularización a los responsables. El procedimiento incluye visitas de técnicos y agentes para comprobar la actividad, las autorizaciones y la identidad de los titulares. Cuando se solicita documentación, estos disponen de tres meses para presentar una memoria descriptiva y un certificado técnico; después, cada expediente se estudia por separado y se da audiencia a los interesados.
En paralelo, el Ayuntamiento prepara un Plan Especial para determinar en qué zonas podrán desarrollarse estas actividades y bajo qué condiciones. El Plan General de Ordenación Urbana de 1998 no incluye expresamente los aparcamientos en suelo no urbanizable entre los usos autorizables mediante una Declaración de Interés Comunitario. El nuevo instrumento deberá fijar las zonas y los requisitos aplicables. La Junta de Gobierno Local aprobó el 23 de abril una moción para impedir la apertura de nuevas campas en el entorno aeroportuario.
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