El precio de la vivienda protegida en Alicante se iguala al de promociones de venta libre tras la última subida del Consell · Información · El Autómata
Lunes, 16 de noviembre de 2026
Portada de las 23:55
Todos los periódicos y la radio, en unoEscrito por IA a partir de 12 medios y 4 radios · Cómo se hace
Edición Comunitat Valenciana
Información · texto original · Alicante
El precio de la vivienda protegida en Alicante se iguala al de promociones de venta libre tras la última subida del Consell
La capital de la provincia y Elche ofertan obra nueva a menor coste por metro cuadrado que las VPP, que ya superan los 2.560 euros y esperan otro aumento en enero.
La capital de la provincia y Elche ofertan obra nueva a menor coste por metro cuadrado que las VPP, que ya superan los 2.560 euros y esperan otro aumento en enero Foto: vía Información
En poco más de tres años, el precio máximo de la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 40 %, con sucesivas subidas desde el 2023. En la actualidad, el coste del metro cuadrado en promociones de VPP puede alcanzar hasta los 2.568 euros, mientras que algunas propiedades en edificios de obra nueva de venta libre ya se ofertan por debajo de los 2.900 euros por metro cuadrado. Una circunstancia que ha equiparado el coste de ambos productos, provocando que los colectivos de inquilinos lo consideren un precio «inaccesible» mientras la patronal de constructores lo achaca al incremento del coste de los materiales de obra.
Hasta 2023, el precio máximo del metro en viviendas de protección pública oscilaba entre 1.212 y 1.819 euros, en función de la zona en la que se situaba la promoción en cuestión. En ese mismo año, el Consell (entonces bajo el mando del Botànic) impulsó una modificación que unificaba el baremo y fijaba el máximo en 2.200 euros. Con el cambio de gobierno en la Generalitat, el ejecutivo de Carlos Mazón impulsó, también en 2023, una nueva actualización, fijando el tope en 2.400 euros.
Con estos condicionantes, las primeras promociones del Plan Vive, que ya se comercializan en ciudades como Elche y Alicante, ofertan viviendas de unos 55 metros cuadrados por más de 185.000 euros, más impuestos. A los 141.240 euros del piso (según el módulo máximo vigente) se suman hasta 25 metros cuadrados de garaje y 8 de trastero, que se comercializan (a un 60 % del precio máximo por metro) obligatoriamente junto con el inmueble, sin posibilidad para el comprador de acceder únicamente a la vivienda. Estos «extras» añaden hasta 50.846 euros más al coste de la operación, permitiendo que las promociones de VPP superen los 200.000 euros para pisos de un solo dormitorio.
Una vivienda protegida que se vende en Alicante por 200.766 euros. / INFORMACIÓN
En la capital de la provincia, el Plan Vive oferta vivienda protegida en el entorno de Ciudad de la Luz. En esa promoción, un piso de 48 metros cuadrados, con diez metros de terraza, se vende por 200.766 euros, incluyendo garaje y trastero. En cambio, en el barrio de La Florida, se oferta otra propiedad de 50 metros y 4 metros de terraza, igualmente con garaje, por 182.000 euros. Lo que supone una diferencia de casi 20.000 para dos propiedades similares, pese a que la más cara de ellas se construye bajo la fórmula de protección pública.
Un piso de venta libre que se oferta en el barrio de La Florida por 182.000 euros. / INFORMACIÓN
También el caso del único edificio protegido que oferta el Plan Vive en Elche, situado en el número 5 de la calle Abogados de Atocha, entre el Hospital General y la Ciudad de la Justicia. En este bloque, una vivienda de un dormitorio y 52,43 metros cuadrados, con garaje y trastero puede alcanzar los 185.486 euros. A dos kilómetros de allí, en la calle Sor Josefa Alcorta (junto a la Universidad Cardenal Herrera) se oferta una promoción privada de venta libre. En este edificio, una vivienda de 55 metros útiles, dos dormitorios y plaza de garaje se publicita por 185.000 euros, mientras que la de un dormitorio cuesta 155.000 euros.
"Está claro que no cumple su función"
Llorenç Saval, del Sindicato de Inquilinos de Alicante, defiende que «está claro que la VPP no cumple la función social que debería cumplir, que en teoría debería estar destinada a personas que no pueden acceder al mercado libre» con sus recursos. «Estamos viendo que se trata de viviendas financiadas (mediante la facilitación de suelo) con dinero público y que, finalmente, salen al mercado con unos precios que solo pueden asumir personas con rentas altas», añade.
Para Saval, «esto demuestra que las administraciones, tanto municipales como autonómicas y estatales, no están apostando por crear un parque público de vivienda accesible» para el que, sostiene, « la construcción debería ser el último recurso». Antes, apunta el portavoz del sindicato, «deberían priorizarse otras herramientas, como los derechos de tanteo y retracto». Al respecto, Saval añade que «existen muchas viviendas vacías que no pertenecen a particulares que tienen una segunda residencia vacacional, sino a fondos, empresas y personas que acaparan numerosas propiedades, que permanecen desocupadas durante parte del año o que se destinan al alquiler de temporada».
Actualmente, la vivienda protegida busca la rentabilidad en vez de perseguir garantizarla como un derecho
Llorenç Saval
— Sindicato de Inquilinos de Alicante
En la misma línea, desde la organización entienden que «la dirección hacia la que apunta actualmente la vivienda protegida responde a una lógica de inversión y rentabilidad, y no a la necesidad de garantizar la vivienda como un derecho», lo que favorece «una transferencia de dinero público a manos privadas para construir viviendas que, posteriormente, solo pueden pagar personas ricas, inversores extranjeros o familias con rentas altas».
En este sentido, colectivos en defensa del derecho a la vivienda abogan por cambiar el modelo impulsado por el Plan Vive, para eliminar de la ecuación la rentabilidad de las empresas constructoras. En casos de inmuebles protegidos, defienden que sean las administraciones públicas las que impulsen directamente las promociones destinadas a favorecer el acceso a la vivienda. Así, sostienen, se garantizarían precios asumibles por las personas.
La patronal defiende el precio
En cambio, desde la patronal de constructores, Provia, creen que esta situación no es habitual y que debe analizarse el precio con mayor perspectiva. «Niego rotundamente que la vivienda protegida, en condiciones normales, pueda ser más cara que la vivienda libre de nueva construcción», manifiesta el secretario general de la organización, Jesualdo Ros.
Hay que tener en cuenta cuándo se inició la construcción porque los costes han subido muchísimo
Jesualdo Ros
— Secretario general de la patronal Provia
Para comparar precios, según el representante de Provia, hay que tener en cuenta varias cuestiones: por un lado, «comparar viviendas de la misma superficie y con los mismos anexos» y, por otro, evaluar «cuándo se inició la construcción». En este sentido, Ros recuerda que «los costes han subido muchísimo» y que, por tanto, «no es lo mismo una promoción que comenzó la obra hace un año que otra que empieza ahora, cuyo coste construcción se incrementa en más de un 20 %»
Además, el empresario pide que las comparaciones tengan en cuenta «los mismos tipos de metros». En el caso de la vivienda protegida, Ros incide en que el decreto regulador hace referencia a metros útiles, mientras que en las promociones de venta libre es habitual que la información promocional haga referencia a tamaño de construcción. Según las estimaciones del responsable de la patronal, «2.568 euros por metro cuadrado útil de VPP, que es el máximo permitido, equivalen aproximadamente a 2.000 euros por metro cuadrado construido».