Una patrullera de la Guardia Civil cierra el paso a una barca pesquera abarloada junto a un pantalán del puerto pesquero de Santa Pola (Alicante), por el que avanza una brigada de agentes armados. En el interior de la embarcación se encuentran dos personas que custodian diez grandes recipientes que albergan 40 fardos de arpillera envueltos en redes de pesca. El contenido no tiene nada que ver con las capturas habituales de este puerto: se trata de 1.184 kilogramos de cocaína.
Los agentes detienen a los dos tripulantes de la embarcación y a una persona más, que se encontraba en tierra con la misión de alertar sobre cualquier presencia policial. Un mes después, la operación Monkey se salda con siete detenidos y un investigado más, parte de ellos empleados de una empresa del sector pesquero, directamente facilitadores o encubridores del negocio de tráfico de sustancias estupefacientes. Entre ellos, el considerado cabecilla de la banda, que huyó del barco durante la persecución inicial.
La persecución del pesquero por aguas de Santa Pola hasta su llegada a puerto se produce el pasado 18 de septiembre, motivada por los movimientos sospechosos realizados durante la travesía por sus tripulantes, y cierra una investigación iniciada a principios de año, cuando el Instituto Armado recibió el chivatazo de que se estaban utilizando embarcaciones de pesca para introducir droga en España a través de la costa alicantina, según fuentes de la Guardia Civil.
Las tres primeras detenciones y el desembarco de los 40 fardos, de unos 30 kilos cada uno, conducen al registro domiciliario de un piso de Elche y un chalé de Santa Pola, en los que se intervienen una embarcación, un coche y una motocicleta. Los investigadores atribuyen a los arrestados las funciones de transporte por mar y de vigilancia en el puerto. Y los indicios recabados apuntan a la existencia de una organización que, desde el mismo puerto santapolero, el de mayor actividad pesquera de la provincia de Alicante, recoge la mercancía y la distribuye en tierra.
Mes y medio después, el equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Alicante identifica la empresa desde la que se coordina el tráfico de drogas, radicada en una nave portuaria dedicada al comercio pesquero, pero en la que se esconde una actividad delictiva. El pasado 27 de octubre, con todos los datos recabados, la Guardia Civil inicia la segunda fase de la operación e irrumpe en esta instalación, repleta de las habituales cajas bajas de plástico que suelen contener pescado fresco conservado en hielo. Allí quedan detenidas siete personas más, muchas de ellas ataviadas con las clásicas botas de agua del sector. Entre ellos está el supuesto líder de la banda, al que los patrulleros de la Guardia Civil vieron abandonar el barco que cargaba los fardos, sin que haya trascendido si se lanzó al agua cerca del puerto o si lo hizo en otra embarcación, más pequeña.
Son ocho hombres de edades comprendidas entre los 21 y los 60 años, todos españoles menos un ciudadano con pasaporte albanés, y dos mujeres, también españolas, de 33 y 45 años. Además, el socio mayoritario de la firma pesquera, de 58 años, queda como investigado por su presunta implicación en el tráfico de drogas. Tras pasar todos los arrestados a disposición de un tribunal de instrucción de Elche por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, cuatro de ellos ingresan en prisión, según las mismas fuentes.