La prórroga de los alquileres ahorrará 300 euros mensuales por hogar en Alicante
La provincia es la quinta donde la medida convalidada este jueves en el Congreso tendrá una mayor repercusión.
La provincia es la quinta donde la medida convalidada este jueves en el Congreso tendrá una mayor repercusión.

La convalidación del decreto que obliga a prorrogar los alquileres supondrá un importante alivio para todos aquellos inquilinos que debían renegociar su contrato en los próximos dos años. Una medida que tendrá una especial repercusión en provincias como Alicante, donde los precios de las rentas se han disparado en los últimos ejercicios, lo que anticipaba una considerable subida de la mensualidad para los afectados.
El Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy ha echado cuentas y calcula que, gracias a la prórroga, las familias alicantinas en esta situación se ahorrarán una media de 7.186 euros durante los dos años de vigencia de la medida. O, lo que es lo mismo, evitarán una subida de casi 300 euros mensuales.
Para realizar el cálculo, los técnicos del ministerio han realizado una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF -una estadística que elaboran el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria-, que recoge una muestra de los alquileres declarados por los arrendadores personas físicas hasta el año 2023.

Participantes en la manifestación por la vivienda en Alicante / Alex Domínguez
Y lo que han hecho es comparar la renta prorrogada según las condiciones que establece el decreto de vivienda que ha ratificado este jueves la diputación permanente del Congreso, con el precio que hubiera tenido que abonar un contrato nuevo, de acuerdo con las ofertas que publica el portal Idealista en su web. Luego han sumado el ahorro total durante los dos años de vigencia de esta medida.
El resultado es que, de media, un hogar español que tuviera que renegociar su contrato en los próximos años ahorrará 4.341 euros durante este periodo. Sin embargo, esta cifra varía mucho, en función del precio actual de los alquileres en cada zona y de los incrementos que hayan experimentado.
De acuerdo con esta metodología, la provincia donde más ahorrarán los inquilinos a los que les venza el alquiler es Málaga, con 10.625 euros; seguida por Madrid, con 9.152; Valencia, con 8.436; Tenerife, con 7.596; y, en quinta posición, Alicante, con los citados 7.186 euros.
En el lado opuesto, las provincias donde menos repercusión se prevé son A Coruña, con solo 1.760 euros; Huesca, con 1.811; y Córdoba, con 2.044. Por su parte, en Castellón la subida que se evita es de 3.890 euros.
El estudio no incluye estimaciones para Cataluña, al estar declarada como zona tensionada, lo que ya impide que los nuevos contratos sean de un importe superior al anterior.
La prórroga obligatoria de los alquileres es la medida estrella del decreto de vivienda que ha logrado superar el corte del Congreso, gracias a los apoyos de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Podemos y los votos en contra de PP, Vox y Junts. Gracias a ella, los inquilinos que tengan un contrato que venza hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar su prórroga automática por anualidades, durante un máximo de dos años.

Pablo Bustinduy, en la Diputación Permanente. / José Luis Roca
Para ello tienen que estar al corriente de pago y no haber fallado en el abono de la renta ni una sola vez en los ocho meses anteriores. El Ministerio de Consumo calcula que, en total, en este tiempo se beneficiarán de este blindaje frente a una posible subida del alquiler 1.895.676 hogares en todo el país, lo que supone proteger a casi cinco millones de personas.
En el caso de Alicante, el precio medio que piden actualmente los propietarios por un piso de 80 metros cuadrados supera ya los 1.000 euros, tras haber escalado más de un 75 % solo en los últimos cinco años.
Junto con la prórroga obligatoria, el decreto aprobado también limita la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, que será del 0 % si la renta supera el máximo del índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda y del 2 % si no lo supera.
Además, se establece una duración mínima de 31 días y máxima de doce meses para el alquiler temporal y se obliga a justificar la temporalidad del contrato. Igualmente, para frenar el abuso de los alquileres por habitaciones, el precio total que se perciba por la renta de cada estancia por separado no podrá superar el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa.

Acción reciente para impedir un desahucio en la ciudad de Alicante. / Pilar Cortés
Igualmente, la norma suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, si el casero es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas. Con el resto de arrendadores, la suspensión del desahucio se revisará cada doce meses y tendrá una duración máxima de tres años.
También quedan prohibidas hasta el 31 de diciembre de 2030 las adquisiciones de vivienda a grandes tenedores y a diversas entidades, y se establece un IVA del 10 % para los alquileres turísticos.
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