Más de trece años después de los hechos, el juicio contra dos taxistas acusados de drogar, retener y violar a una mujer en El Albir tendrá que esperar un año más. La Audiencia Provincial de Alicante ha tenido que suspender este lunes la vista oral, de tres días de duración prevista, al no haber comparecido la víctima. La mujer, de nacionalidad noruega y residente en su país, no ha acudido a la citación judicial a pesar de haber recibido la notificación y de haber sido localizada por vía telefónica. Poco antes del inicio de la sesión, el tribunal comprobó que no se había presentado ni respondía a las llamadas que se le hacían desde la oficina judicial para declarar sobre la supuesta agresión sexual con sumisión química. Las defensas denunciaron que estas ausencias han sido una constante a lo largo del procedimiento, ya que la denunciante no ha acudido a distintas citaciones e incluso rechazó las entrevistas con los médicos forenses. La prolongación del procedimiento y el impacto de los hechos denunciados han dificultado su participación en las distintas fases de la instrucción. Ante este nuevo aplazamiento, el tribunal deberá adoptar ahora medidas para intentar garantizar su presencia en el próximo señalamiento, fijado para octubre de 2027.
El municipio de l'Alfàs del Pi y especialmente su núcleo costero de El Albir albergan una de las colonias de ciudadanos noruegos más numerosas y consolidadas de toda España, con 2.500 residentes censados y una importante población flotante que ronda las 8.000 personas. Atraídos por el clima de la Marina Baixa, muchos escandinavos eligen esta localidad para fijar su segunda residencia o establecerse de forma permanente tras la jubilación, contando allí con una completa red de servicios propios que incluye centros educativos noruegos, clubes sociales, comercios e incluso una iglesia, lo que explica que la denunciante proyectara iniciar allí su nueva etapa vital tras divorciarse.
Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de septiembre de 2013. Cinco días más tarde, la víctima, que entonces tenía 48 años y planeaba establecerse en España tras su divorcio, acudió al cuartel de la Guardia Civil de Altea para presentar denuncia, tras lo cual abandonó su proyecto de quedarse en el país y regresó a Noruega. Según el escrito de la Fiscalía, la mujer estaba tomando unas copas en un pub de l'Alfàs del Pi cuando entabló conversación con dos taxistas que estaban disfrutando de un rato de ocio en el local. De acuerdo con su testimonio, los hombres le aproximaron una sustancia a la nariz que la sumió en un estado de semiinconsciencia. A partir de ahí, su último recuerdo es ser introducida en uno de los taxis y trasladada a una vivienda del municipio, donde permaneció retenida unas siete horas mientras la forzaban sexualmente. El Ministerio Público añade que recibió varios golpes en la cara, que le provocaron la fractura parcial de dos dientes y la pérdida completa de un tercero, y que fue amenazada con un cuchillo en el cuello. El domicilio en el que ocurrieron los hechos no pudo ser identificado, aunque la denunciante asumió que debía tratarse de la casa de uno de los dos acusados.
Restos de semen
A pesar de que la mujer aseguró inicialmente ante los agentes que no recordaba de forma directa los detalles de la agresión por el efecto de los fármacos, la pista de los taxistas fue un hilo que permitió a los investigadores acudir al establecimiento de ocio e identificar a los dos hombres que habían estado charlando con ella aquella noche. Ambos admitieron que estuvieron hablando con la denunciante y tomando unos chupitos en la barra, pero sostienen que se marcharon del local y la dejaron allí conversando con otras personas. Sin embargo, una de las principales pruebas en las que se basa la Fiscalía es el hallazgo de restos de semen de uno de los procesados en el vestido que llevaba la víctima esa noche.
Durante el proceso, las defensas han cuestionado frontalmente la versión de la denunciante, señalando las discrepancias y la evolución de su relato en sus distintas declaraciones a lo largo de los años. Según explicó el abogado Francisco González, en su primera manifestación la mujer no afirmó que hubiera sido violada, sino que únicamente lo suponía por haber estado inconsciente y por los dolores que presentaba. En las sucesivas declaraciones fue añadiendo más detalles. Asimismo, los letrados han puesto en tela de juicio la veracidad de las lesiones dentales, argumentando que no se corresponden con el día de los hechos, al no presentar la cara hinchada u otros signos físicos compatibles con un impacto de esa gravedad en las primeras revisiones.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal mantiene una petición inicial de 32 años y medio de prisión para cada uno de los procesados por dos delitos de agresión sexual, uno en calidad de autor y otro como cooperador necesario y un delito de lesiones, a la espera de que el tribunal logre asegurar la declaración de la testigo en la nueva vista señalada para octubre de 2027. Aunque la víctima no había pedido declarar por videoconferencia, ni estaba prevista esa opción, desde la defensa se anunció que se pedirá que sea presencial, dada la gravedad de las acusaciones y el valor de su testimonio como prueba de cargo.
A la complejidad procesal del caso se suma un debate jurídico derivado de la dilatada tramitación de la causa, que obliga a analizar los hechos bajo el prisma de las sucesivas reformas del Código Penal. Al haber ocurrido en septiembre de 2013, los hechos deben enjuiciarse inicialmente conforme a la legislación vigente en aquel momento, tras la reforma de 2010, que establecía una distinción entre el abuso sexual, en el que se encuadraban los actos cometidos anulando la voluntad de la víctima mediante fármacos o drogas, y la agresión sexual, reservada para los supuestos en los que mediaba violencia o intimidación. Aunque el Ministerio Público sostiene la acusación por agresión sexual al apreciar la concurrencia de violencia física y amenazas con arma blanca, además del presunto uso de sustancias, el tribunal deberá determinar, en caso de condena, cuál es la legislación aplicable, teniendo en cuenta las reformas posteriores y el principio de aplicación retroactiva de la norma penal más favorable para los procesados.