Un juez ha suspendido de forma provisional el desahucio de Pedro, un vecino de Benidorm de 95 años que vive solo y se desplaza en silla de ruedas. El lanzamiento estaba fijado para el 19 de noviembre y queda paralizado mientras se analiza la situación de vulnerabilidad del hombre, según han confirmado fuentes de la familia.
El juzgado ha aplicado el decreto que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar aprobó el mes pasado, tras la movilización social que provocó el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que murió después de ser desahuciada en Madrid. La suspensión no cierra el procedimiento: la amenaza de perder la vivienda se mantiene mientras se revisa el caso.
El desalojo debía ejecutarse inicialmente el 5 de octubre, pero se aplazó al 19 de noviembre para que Pedro pudiera vaciar la casa en la que ha vivido el último cuarto de siglo. La vivienda está en el número 7 de la plaza de la Luna, junto a la plaza de Neptuno.
El litigio tiene su origen en una deuda contraída hace unos 20 años por la hija de Pedro para comprar una finca rústica en Palma de Mallorca. Según la familia, la operación se cerró en 2007 con el aval de un depósito a plazo fijo de 40.000 euros a nombre de Pedro.
La hija había adquirido en 2002 la casa de Benidorm, donde vivía con sus padres, y falleció en 2008 durante una biopsia por un cáncer. Pedro heredó entonces la vivienda, que, según sus allegados, siempre había considerado propia aunque estuviera a nombre de su hija.
Tras la herencia, el inmueble pasó a estar en el punto de mira de la entidad bancaria acreedora y, después, del fondo de inversión que adquirió la deuda. La familia lamenta que no se optara por rebajar la cuota para facilitar los pagos ni se aceptara una dación en pago, y asegura que desconoce la cantidad adeudada por la que Pedro puede perder la casa y el plazo fijo.
Este verano el litigio desembocó en la orden de desahucio. El caso fue denunciado por el Sindicat de Vivenda de Carolines, que se ha movilizado en apoyo del anciano.
La familia considera la suspensión un respiro, pero no la da por definitiva. La resolución del juzgado dependerá de la evaluación de la vulnerabilidad de Pedro, uno de los supuestos de protección que recoge la nueva normativa.
La decisión coincide con otra suspensión comunicada el martes en Alicante por el mismo sindicato, la de una mujer mayor con cáncer, en tratamiento de radioterapia, cuyo desalojo estaba previsto para este miércoles en la avenida de Alcoy. El 7 de octubre, una jueza de Alicante ya había frenado con el decreto el lanzamiento de una madre y sus tres hijos menores en Colonia Requena.
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